SIGUIÉNDOLE LOS PASOS A LA AUDITORÍA FORENSE EN VENEZUELA

Lcdo. Iván Fernández Zárraga
Contador Público Colegiado, CIA y
Docente en las Cátedras de Control
Interno y Contabilidad. Consultor para
empresas del sector privado.

El tema forense apasiona a muchos. Clásicos en blanco y negro, modernas series basadas en hechos reales y otras de ficción acaparan la atención del público, quien se maravilla ante todos los senderos que se bifurcan en la investigación forense. El asunto no sólo atañe a la medicina: otros profesionales deben encontrar respuesta a preguntas técnicas relacionadas con las inversiones, los estados de cuenta y, en general, la situación patrimonial de las personas o corporaciones objeto de la investigación.
En la vida real, la particularidad de algunas pesquisas dio origen a una nueva especialización de la auditoría: la Auditoría Forense.
Lo anteriormente expuesto no niega la existencia de la base de tal especialización.
Por el contrario, nuestro viejo y a veces desfasado Código de Comercio establece que la exhibición de los libros legales es prueba ante los tribunales.
Sin embargo, no es sino hasta fechas recientes cuando la especialización comenzó a llamar la atención de nuestros profesionales y usuarios. Se descubrió entonces la enorme importancia de esta actividad.
Por tales razones, varias instituciones educativas entre las que se cuenta una conocida universidad privada, iniciaron recientemente un postgrado en Auditoría Forense.
En Venezuela, existen destacados estudiosos del tema como Rafael Delgado, verdadero investigador; Oscar Salas, quizás uno de los profesionales mejor preparados en la materia; Oscar Rojas y un prometedor grupo integrado por profesionales entre los que se cuentan abogados, licenciados en ciencias fiscales, administradores, ingenieros e inclusive militares, formándose en la especialidad. Todos, incluyendo al autor, agradecidos beneficiarios del colega colombiano Miguel Cano, prematuramente fallecido recientemente, a quien rinde tributo el presente artículo.
Cano es autor de varios e importantes libros sobre Fraudes, Riesgo, Control Interno y Auditoría Forense, pilares fundamentales para los estudios relacionados con esta importante área.
Antes de entrar en materia, es fundamental aclarar que la Auditoría Forense no tiene nada qué ver con lo que muchos podrían pensar: accidentes, asesinatos, investigaciones por fallecimientos, entre otros hechos con los cuales usual y erróneamente es asociado el término forense.
Parafraseando al maestro Cano, se puede considerar la Auditoría Forense como aquella “especializada en descubrir, divulgar y prestar testimonio sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas”.
La definición abre un amplio y rico espacio en el campo de la investigación que va mas allá de la acostumbrada (y algunas veces no probada) mera investigación administrativa sobre fraudes y delitos. Adquiere este concepto primordial importancia al ser asociado con la costumbre (tantas veces entorpecedora que existe en Venezuela) de denunciar a la ligera, sin pruebas, graves delitos que no siempre son probados. Esto sucede cuando no existe una adecuada técnica especializada para demostrarlo ni mucho menos la voluntad para hacer valer tales pruebas ante las instancias legales que correspondan. Ello explica la razón por la cual muchas veces dichas denuncias, a pesar de atraer la atención del público, frecuentemente terminan olvidadas o en interminables querellas por difamación.
En otras ocasiones, a pesar de la buena experiencia del auditor en la evaluación de los hechos y agregar valor mediante sus informes al ente que le contrata, sus carencias en el campo judicial (especialmente en el levantamiento de indicios y evidencias) impiden que se haga justicia mediante las sanciones establecidas en nuestras leyes. Por esta razón, que en buena parte de tales pesquisas, el ente se limita a intentar recuperar el monto defraudado y a separar discretamente al delincuente de su nómina.
En mejores palabras, campea la impunidad y la falta de sanción. Esta es precisamente una de las razones por las cuales las estadísticas sobre la corrupción y otros delitos financieros crecen sin control en Venezuela.
Pero existe otra faceta de la definición:
la Auditoría Forense también puede contribuir a exonerar de responsabilidad a un sospechoso acusado de fraude para obtener beneficios económicos, hecho que puede dotar a ese individuo o empresa injustamente denunciado (a) de las pruebas necesarias para contrademandar al denunciante y obtener las satisfacciones morales y materiales que la Ley consagra.
También es utilizada la Auditoría Forense para descubrir y probar la omisión, ocultamiento y manipulación de la información, para proteger intencionalmente o no a los defraudadores. Esto la convierte en una parte comprometida, un cómplice necesario, sea intencional o accidentalmente.
Considerando que la aplicación de justicia es un objetivo inherente a todos los seres humanos, la globalización ha generado cierta estandarización en las leyes, los procedimientos y acuerdos bilaterales, no sólo para desestimar los delitos penales, sino también para proteger la actividad comercial y la calidad de la información. Por esa razón, la homologación de las Normas Internacionales de Contabilidad, Las Normas Internacionales de Auditoría y las Normas de Información Financiera, mejor conocidas como NIC’S, NIA’S y NIF’S, respectivamente, tienen plena vigencia.
Adicionalmente, se han implementado leyes extraterritoriales como la conocida Sarbanes-Oxley, la cual aplica en compañías establecidas en EE.UU. y sus sucursales en todo el mundo, así como sobre cualquier empresa que cotice sus acciones en las bolsas de valores estadounidenses.
Otras técnicas y procedimientos como el nuevo sistema de Control Interno COSO-ERM han evolucionado con el mismo objetivo.
Por ser la Auditoría Forense un área muy especializada, quien la ejerce debe tener una completa capacitación sobre las diferentes modalidades criminales, con especial énfasis en delitos económicos y financieros. Amén de un conocimiento operativo de los diferentes procesos de investigación que eviten la contaminación de la evidencia o errores en su recopilación, lo que puede generar impacto negativo en los correspondientes juicios.
Es bien sabido que la gran mayoría de los delitos financieros son cometidos por delincuentes bien preparados, algunos con sofisticados conocimientos contables e informáticos y muchos con asesores especializados y equipos que utilizan para sus fines paraísos fiscales, instituciones bancarias, corporaciones multinacionales, entidades de servicios y hasta organizaciones benéficas. Ante tamaños implicados, se requieren investigadores con similar o superior calificación para combatir y vencer.
Los delitos más usuales donde se requiere la actuación y el testimonio de los auditores forenses son lavado de dinero y activos, legitimación y blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraudes, fraudes documentales, fraudes masivos o electrónicos, fraudes electorales, robo de identidad, fraudes con tarjetas de crédito, estafas, desfalcos, manipulaciones contables, manipulaciones en informes de auditoría, tráfico de divisas, testaferratos, importaciones y exportaciones ficticias, comisiones ilegales, obras con materiales de inferior calidad, presupuestos inflados y un largo etcétera que continuará incrementándose en la medida del desarrollo de las actividades en general.
No obstante, los avances de la nueva especialización, aún en Venezuela la Auditoría Forense no es precisamente efectiva (en parte porque no existen profesionales suficientemente preparados en el área y en parte porque el sistema judicial y los organismos encargados:
Contraloría Fiscalía y la Procuraduría General de La República son entes politizados y burocratizados que no evolucionan a la par del concepto). Es así como buena parte de los casos son mediática y políticamente tratados y la mayor parte de ellos no son sancionados por una aplicación de justicia seria, eficiente y sobre todo aleccionadora.
Algunos pensamos que no sólo se trata de un problema técnico, sino que en el caso venezolano se requiere urgentemente un cambio en los paradigmas y, sobre todo, un cambio cultural, social y ético que, lejos de premiar al delincuente y a quienes propician su impunidad, le castiguen y le sancionen moralmente, independientemente de su filiación política, parentescos y posición económica.
Tristemente y con mucha frecuencia, las consecuencias de sus delitos afectan a una importante parte de la población, desmoralizan a los servidores públicos y arruinan a las empresas privadas. •